Claves de las elecciones en Bahrein (español)

Bahrein celebró  ayer la primera ronda de elecciones legislativas y locales y, al igual que ha ocurrido con la gran mayoría de acontecimientos que desde hace unos años han sacudido el país, escasos parecen ser los medios de prensa que hacen referencia a estos comicios y a las circunstancias que les rodean. Escenario privilegiado de la guerra fría entre Irán y Arabia Saudí, el apoyo que los estados del Golfo han prestado a la desacreditada monarquía no ha hecho sino recordar a propios y ajenos lo imbricadas que están las coyunturas en esa parte del planeta. Se tratará de los primeros comicios que se celebran desde el levantamiento de 2011, que ya analizamos en Miradas de Internacional, y que en un primer momento no exigían el derrocamiento del rey sino reformas democráticas que el monarca había prometido durante años.

Las negociaciones de reconciliación entre la oposición y la familia real -el Principe Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa sigue siendo enormemente popular entre sus súbditos-  se vieron de hecho reavivadas a principios de este año, para luego volver a estancarse tras acusaciones de parte de los primeros referentes  a la persecución de sus miembros más destacados y a la ausencia de voluntad real del régimen de realizar concesiones.

Crisis política y reformas que no salen adelante

En un primer momento el régimen adoptó  una posición en pos del consenso considerada por muchos valiente; sin embargo la realidad es que ninguna de las reformas -o debería decirse reformas cosméticas- anunciadas por el tan cacareado “diálogo nacional” han visto la luz. Algunas se referían precisamente al reparto de competencias entre Gobierno y Parlamento. Varios diputados abandonaron este último en protesta por la ausencia de acciones reales y la mano dura frente a las muestras de descontento. Uno de los aspectos que muchos activistas no se cansan de señalar es que el cambio de parlamento, como desafío a las reclamaciones de los manifestantes, no implicará  de ningún modo la sustitución del Primer Ministro y tío del monarca Khalifa bin Salman al-Khalifa, que ha ocupado el cargo durante casi 43 años. El país atravesó un notable periodo de apertura en 2002, año en el que se convirtió en una monarquía constitucional con un parlamento elegido por el pueblo (que ya había existido tras la independencia) y un poder judicial independiente (compuesto sin embargo de jueces nominados por el rey). La familia al-Khalifa pretendía precisamente acallar los rumores de un levantamiento similar al que tuvo lugar durante la década de los 90, otorgando a sus ciudadanos un cierto margen de maniobra, aunque no voz y voto reales en el futuro de su país
A pesar de los esfuerzos en forma de “diálogo nacional”, la crisis política se mantiene e intensifica, y no parece que ello vaya a cambiar en el corto plazo. El país se ve sumido en una espiral de tensiones sociales, violencia sectaria y degradación continua de la situación económica (a lo que no ayuda la reciente bajada en los precios del petróleo). Es precisamente el fracaso del diálogo nacional lo que ha llevado a que varios elementos “moderados” dentro del régimen pierdan la esperanza y abandonen sus propuestas de emprender reformas que podrían resultar tremendamente beneficiosas para el país.

Una sociedad civil significativamente erosionada en los últimos años

La creciente represión de libertades fundamentales no ha hecho además sino incrementar los efectos negativos de los insatisfactorios avances del dialogo nacional. Una casi inexistente libertad de expresión no ha hecho sino amordazar a quienes más tenían que decir y dar voz a quienes más daño pueden causar, aquellos que no se amedrantan ya ante nada. La oposición, en un primer momento pacífica, se ha ido radicalizando progresivamente, a lo que el régimen se ha enfrentado aumentando vertiginosamente el número de arrestos – los activistas políticos se enfrentan a penas no desdeñables de prisión y los acusados de violencia incluso a la pena de muerte – y revocando la ciudadanía de todo sujeto incómodo (mientras se permite la nacionalización de sunnitas provenientes de países vecinos), modificando así la propia composición demográfica del país.
El levantamiento, en realidad, y a pesar de los reclamos del régimen, no tenía carácter sectario, y se fundaba en bahreiníes de todas confesiones y pertenencias. Y, gracias a las propias acciones del régimen, que ha despedido a decenas de funcionarios chiíes e incluso derribado mezquitas adscritas a esa rama del islam, resulta hoy cada vez más difícil negar que el sectarismo está  ganando la partida en Bahrein. Una profecía autocumplida. El impasse actual refuerza la sensación de la ciudadanía de que la crisis no podrá ser resuelta por ellos mismos sino gracias a la intervención de otras grandes potencias, de un bando y de otro, como son Arabia Saudi, Iran e incluso Estados Unidos y Reino Unido, que sin embargo parecen más preocupados por sus intereses militares y comerciales, y sobre todo por no atizar más focos de inestabilidad regional. La amenaza yihadista no hace sino reavivar este sentimiento ciudadano de acorralamiento y terror sectario. Bahrein forma parte de la coalición internacional contra la Organización del Estado Islámico y se cree que 300 de sus nacionales luchan hoy en día bajo esta bandera en Siria e Iraq.

La mermada legitimidad del Parlamento de Bahrein

El principal movimiento – no casualmente chiíta – de la oposición, la Sociedad Islámica Nacional al-Wefaq (que obtuvó 18 de los 40 escaños en las elecciones de 2010), y otros tres grupos han decidido boicotear las elecciones. Su principal motivo es que el Parlamento es meramente simbólico y no tiene el suficiente poder como para influir en la política del país, sobre todo si se tiene en cuenta que el otro pilar del sistema bicameral está compuesto por miembros designados por el Gobierno. El nombre real del Parlamento es Consejo Consultivo, lo que deja patente su incapacidad para aprobar legislación.
Otra acusación de peso apunta a que los distritos electorales han sido diseñados para favorecer a la minoría sunita (30%) que apoya a la familia real. Tampoco parece una coincidencia que el Gobierno ordenara, en el punto culminante de la campaña electoral, la suspensión de actividades de al-Wefaq, así como que prohibiera cualquier tipo de manifestación. Quedan sin embargo individuos chiítas que sí se presentan a las elecciones, como es el caso del destacado activista pro-derechos humanos Abdullah Aldarazi, según el cual el boicot no hará sino marginalizar aún más a su comunidad. Destacar que, a pesar del boicot, se presentan a las elecciones 419 candidatos, la mayoría de ellos independientes: 266 al Parlamento y 153 a los consejos municipales del Reino.
La respuesta del Gobierno al boicot no ha sido precisamente conciliatoria, y ha amenazado con la imposición de penas – que sin embargo no ha especificado – para aquellos bahreiníes que no acudan a las urnas. Por si esto fuera poco, el régimen ha decidido recurrir a los servicios de un clérigo proveniente de Arabia Saudí, que se ha ocupado de predicar entre los bahreiníes que votar es un deber “religioso y nacional”. No parece que el régimen tome ya en serio ni a la oposición ni los frunces de ceño  de la comunidad internacional. Ya lo dejó  claro uno de los hijos del monarca en su momento “Bahrein es una isla, así que o estás con nosotros o te hundes”.

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