Ciudadanos árabes en Israel: del de facto al de iure y tiro porque me toca

Shlomo Ben Ami, al referirse a los nacionalismos, señalaba que ‘una nación ha sido con frecuencia un grupo de personas que mienten colectivamente sobre su pasado lejano, un pasado con frecuencia —con demasiada frecuencia— reescrito para que cuadre con las necesidades del presente’. Es precisamente Israel un Estado en el que el término nación exige una reinvención continua, al albur del statu quo reinante. Para muestra un botón, y la actualidad da buena fe de ello: la ‘Ley Nacional’ propuesta por Benjamin Netanyahu y aprobada por el Gobierno israelí el 23 de noviembre. El texto en su forma actual negaría lo que sus defensores denominan ‘derechos nacionales’ – como una bandera y un himno- y otros símbolos nacionales – a aquellos ciudadanos que no profesen el judaísmo. El escrito define a Israel como el Estado-nación de los judíos. Y de nadie más. Si la Ley es aprobada en la Knesset, pasará a formar parte de las Leyes Básicas de Israel. Son estas Leyes Básicas textos equiparables a una Carta Magna en un Estado que en su momento no se dotó de una Constitución propiamente dicha.

Así, el proyecto de Ley consagra una situación que ya existía de facto: los cristianos, drusos y sobre todo musulmanes de Israel, que representan ya el 20% de la población, son ciudadanos de segunda clase (tal y como reflejaba una reciente campaña en las redes sociales). Algunos dirían incluso ciudadanos indeseados, como simboliza la propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman consistente en otorgar una suma de dinero a aquellos individuos árabes dispuestos a abandonar territorio israelí. A raíz de comentarios como este, no es de extrañar que ya sean legión los que comparan Israel con Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX, o con Sudáfrica durante el apartheid.

La Ley también se refiere a la obligatoriedad de las asignaturas de Tradición e Historia judía, así como al establecimiento del hebreo como única lengua oficial de Israel. Son medidas como estas las que no vendrían sino a ratificar y grabar en piedra la situación actual, basada en acciones que no facilitan la convivencia. Desde la misma creación del Estado de Israel fueron ya adoptadas tres leyes que sentaron las bases de la discriminación: la Ley de retorno, la Ley de la propiedad de ausentes y la Ley de ciudadanía. De esta manera se despojaba de su nacionalidad y propiedad a los palestinos expulsados del país y se proclamaba que sólo se otorgaría la nacionalidad a los judíos que decidieran emprender el aaliyah y emigrar al país. En este sentido, algunos políticos han amenazado con la posibilidad de despojar de su nacionalidad a aquellos ciudadanos de origen árabe que viven en Jerusalén Este a los que se acuse de cometer actos violentos. De momento, a aquellos que hayan sido incriminados por tirar piedras (en referencia, no por coincidencia, al acto fundacional de la primera intifada) podrá imponérseles penas de hasta 20 años.
De nuevo basta con hacer alusión a la historia para arrojar luz sobre esta evolución: de 1948 a 1966, los palestinos en Israel vivían bajo ocupación militar y veían restringida su libertad de movimiento, su libertad de expresión y su propiedad. Vivían así bajo la espada de Damocles del riesgo de deportaciones, detenciones arbitrarias y encarcelamientos sin juicio previo, altos el fuego, arrestos domiciliarios… en el marco de la ley marcial. El Centro para los derechos de la minoría árabe en Israel, Adalah, lista en la actualidad al menos 50 leyes discriminatorias que violan los derechos de los palestinos en Israel y que atañen a aspectos del día a día: urbanismo, renovación de infraestructuras, educación, derecho de familia, propiedad, acceso a los recursos naturales, no reconocimiento de decenas de poblaciones en el Negev… Por no hablar de la discriminación no legal sino social a la que se ven sometidos a diario los denominados árabes israelíes, obligados por ejemplo a observar pintadas en las que se llama a la muerte de toda su ‘etnia’.
La cruda realidad es que no existe una nacionalidad israelí per se, y la perpetuación de un registro en el que se distingue entre aquellos que son judíos y aquellos que no lo son no hace sino probar este aspecto. La única comunidad no judía autorizada a realizar el servicio militar obligatorio son los drusos, eliminando así para el resto enormes oportunidades de movilidad social. Ello refleja el dilema existencial en el que (sobre)viven los árabes israelíes, que a diario adoptan una posición pragmática como ciudadanos de un Estado determinado, pero a los que no se los permite disfrutar de la gran mayoría de derechos aparejados a tal condición. Es más, sus vecinos les recuerdan constantemente que en realidad no parecen pertenecer ni a un bando ni al otro: no son palestinos pero tampoco israelíes. Cual víctima de una capitis deminutio en la Antigua Roma, los árabes israelíes bien podrían ser definidos como una novedosa categoría de apátridas.
¿Qué hay de los israelíes laicos? ¿Qué hay de los 300.000 inmigrantes de la antigua Unión Soviética a los que el Gran Rabino no permite convertirse al judaísmo?¿Quién garantizará que se protejan los derechos de las minorías? No existe de hecho ninguna disposición que garantice la igualdad, tal y como afirmaba un informe de 2012 del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación racial. De hecho no existe ningún texto en Israel que prohíba formalmente la discriminación racial.
Aunque algunos consideran que con este paso Israel está por fin mostrando sus cartas, la Ley ha sido tildada de racista por multitud de activistas y grupos pro-derechos humanos. La condena ha sido de hecho generalizada: en la región, la comunidad internacional e incluso el fiscal general del Estado y miembros del gobierno de Netanyahu (la Ley recibió el voto en contra de 7 de sus 21 miembros). En este último hecho radica el reciente cese de dos ministros centristas -Tzipi Livni y Yair Lapid-, la disolución del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, reflejo de las tensiones en el seno del Likud, partido de Netanyahu, y de la propia coalición a la que dieron luz las elecciones de 2013.
Tanto dentro como fuera del país abundan las críticas, haciendo hincapié en la dudosa legitimidad de Netanyahu para apropiarse de la definición de lo que significa ser judío. El sionismo no sólo ha ocupado Palestina sino que también ha ‘ocupado’ la propia identidad judía. Testimonios como los del último libro de Shlomo Sand ¿Cómo dejé de ser un judío? no hacen sino dejar patente el creciente hastío ante esta doble ocupación. Uno de los pilares del libro reposa sobre la idea de que no existe tal cosa como una identidad judía laica, lo que obliga al lector a replantearse las propias bases del proyecto sionista. Los primeros sionistas querían huir del yugo del ‘judío de la diáspora’ y reemplazarlo por un nuevo modelo de individuos vinculados a la tierra y de un marcado carácter secular. No es un secreto que ello contrasta con la transformación radical que experimentó la sociedad israelí tras la guerra de 1967: de una comunidad optimista compuesta por jóvenes impulsada por una voluntad mesiánica a un pueblo en el que el patriotismo constitucional habermasiano y el hedonismo material se mezclan y confunden con el victimismo y el terror al vecino. No sería tan descabellado creer que algunos ideólogos israelíes han leído a Ibn Khaldun, según el cual los excesos consumistas de una comunidad que abandona progresivamente su carácter nómada podrían ser contrarrestados con un ethos que compatibilice religión y razón.
Varias Leyes Básicas definen Israel como un Estado a la vez judío y democrático, y este es precisamente uno de los dilemas a los que se enfrenta la Ley propuesta. La Declaración de Independencia proclama que el Estado israelí se basa en los principios de libertad y justicia, y que en él queda garantizada la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su religión, raza o género. Es ésta una formulación influida en su momento por cuestiones ideológicas pero también prácticas, teniendo en mente a los miles de cristianos y musulmanes que no habían abandonado el país durante la Naqhba. Es así que resulta casi imposible no plantearse una pregunta que hostiga a los sionistas desde la creación del movimiento: ¿puede Israel seguir siendo definido como la única democracia de la región? El último libro de Ari Shavit abre esta herida capitulo a capitulo, y parece concluir que un Estado religioso no puede ser una democracia. Así, algunos creen que Israel puede ser definido como una democracia a lo sumo imperfecta.
La elección el pasado agosto de un Presidente, Reuven Rivlin, que abiertamente declara que si los palestinos quieren quedarse donde están, tendrá que ser sólo y únicamente en Israel, no hace sino reforzar ese sentimiento de invencibilidad y dominación absoluta de una extrema derecha que no encuentra rival hasta que no cruza sus fronteras. Antes la llamada izquierda ‘secular’ o incluso ‘liberal’ lograba congregar a cientos de miles de personas en pos de la paz en las calles de Tel Aviv y Jerusalén y presionar así al gobierno para que adoptara al menos una postura formal a favor de la solución de dos Estados. Hoy Benjamin Netanyahu y sus aliados -los ultra-ortodoxos o movimientos asimilados ocupan hoy 30 de los 120 escaños del Parlamento- se muestran más envalentonados que nunca. Así avanza la actividad colonizadora en Jerusalén Este y Cisjordania y se da forma a un fait accompli difícil de deshilachar, defendiendo una visión del judaísmo según la cual la tierra es de los judíos porque la Biblia así lo establece, porque Judea y Samaria nunca han dejado de pertenecerles.
Todo esto en un momento clave marcado por el final de la guerra de Gaza y la tensión creciente en Jerusalén -que ha llevado a algunos a hablar de semilla de la tercera intifada. Es la ciudad santa un lugar en la que el estatus de los ciudadanos árabes se ha visto crecientemente denigrado durante años. La lógica detrás de la violencia es aplastante: ¿cómo un Estado que no es leal hacia mi puede exigirme lealtad? En 1974, una resolución de las Naciones Unidas sobre ‘el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina’ llamaba específicamente al establecimiento de ‘dos Estados para dos pueblos’. Ese concepto ha servido de base para las negociaciones de paz desde entonces. Unas negociaciones en las que la Organización para la Liberación de Palestina aceptó reconocer a Israel como Estado, nunca a Israel como un Estado judío. Hoy el impasse al que han llegado estas negociaciones de paz parece más insalvable que nunca. La solución de dos Estados es virtualmente inalcanzable ya que muchos palestinos ven Gaza como el futuro de una Cisjordania ‘liberada’. Destaca en paralelo la clara inviabilidad de la solución de un sólo Estado para dos pueblos. Todo ello en un contexto en el que no sólo la presión internacional, sino también factores como la demografía parecen jugar en contra de los israelíes, ya que si la tendencia se mantiene, los árabes en Israel podrían llegar a representar un tercio de la población en 2030.

Así, la Ley Nacional no parece ser sino la consagración de un statu quo basado en la incomprensión y la violencia, del que -no nos engañemos- tristemente se aprovechan líderes en uno y otro bando. Fue Jürgen Habermas -de nuevo- quien en cierta ocasión habló de ésta como una ‘época de identidad posnacional’. Mientras que los halcones israelíes parecen haber reinventado esta expresión para amoldarla a su ideología cambiante, ni los moderados al oeste de la línea verde ni los líderes palestinos han sabido mostrarse capaces de poner freno a la apisonadora de la irracionalidad nacionalista que día tras día asola las posesiones y esperanzas de miles de árabes en el territorio de los antiguos filisteos.

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