La ‘lista negra’ que vela por el cumplimiento del derecho internacional

En el 2016, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas encargó una base de datos con los nombres de las empresas que lleven a cabo actividades en Cisjordania y Jerusalén Este. La lista se hizo publica el 12 de febrero y puede que no hubiese visto la luz si Donald Trump no hubiese hecho público su ‘plan de no paz’ para Israel y Palestina. El propósito de esta lista consiste en arrojar luz sobre el rol que juega el sector privado, tanto israelí como internacional, cuando operan en colonias israelís ilegales de acuerdo con el derecho internacional, en la colonización de territorios palestinos.

Resulta importante dejar claro, en vista de la guerra de narrativas que la lista ha despertado, que no se trata de una medida antisemita ni de una forma de boicot del Estado de Israel. Se apoya en lo afirmado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (texto que Estados Unidos no vetó) en su resolución 2334, que exhortaba a todos los estados a que establecieran una distinción en sus relaciones entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967, una estrategia de diferenciación abrazada también por la Unión Europea.

La ocupación, destinada a ser un escenario temporal, persevera hoy tras casi 53 años. Resulta arduo conjeturar cómo podría mantenerse este estatus si no fuera por la complicidad de empresas que legitiman la política israelí de hechos consumados. La actividad de estas compañías auxilia no solo la violación del derecho internacional, sino sobre todo los efectos prácticos de la misma: el de-desarrollo de la economía palestina, la explotación de sus recursos naturales, el desdén hacia los derechos humanos de los palestinos bajo ocupación, y la fragmentación de comunidades palestinas dentro y fuera de la Línea Verde.

El sistema de financiación

La decisión también presenta inconvenientes. No reconoce la llamada ‘realidad de un Estado’ a la que se ve sometida el conjunto del pueblo palestino, y por lo tanto no tiene en cuenta la desposesión de ciudadanos palestinos de Israel y refugiados palestinos. El contexto de soberanía de facto de Israel sobre la totalidad de la Palestina histórica, que Benyamin Netanyahu amenaza con convertir en de iure, apunta a que el problema no reside tanto en las colonias como en el sistema que las financia y salvaguarda.

Asimismo, no queda claro si la medida ayudará a reducir la abismal asimetría de poder que hoy hace imposible cualquier negociación justa entre las partes. Sí que subraya la necesidad de que la ocupación deberá resultar onerosa para que Israel, que hasta el momento nunca ha negociado de buena fe, avance en este sentido. En una época en la que la transparencia facilita la toma de decisiones informadas, la lista pone el peso de la decisión sobre los hombros de consumidores responsables y de empresas inquietas por su reputación, y no solo de los estados. Si la presión no proviene de la comunidad internacional, al menos sí que podrá hacerlo de un cada vez mayor número de ciudadanos comprometidos.

Este artículo fue publicado en El Periodico el 17 de febrero de 2020.

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